(Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ocho recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras acreditar que militares violaron garantías fundamentales durante operativos contra el narcotráfico.
Los documentos se refieren a sucesos ocurridos en Badiraguato, Sinaloa; Reynosa, Tamaulipas; Morelia, Huetamo, Uruapan y Tanhuato, Michoacán, así como Naco y Sonoyta, Sonora.
La intervención castrense en dichas movilizaciones provocó la muerte de siete civiles, entre ellos un menor de edad, además de que se cometieron actos de tortura, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, así como allanamientos de morada.
Asimismo, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego, además de que se atentó contra la legalidad y la seguridad jurídica de los occisos y los agraviados, informó el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.
En conferencia de prensa, comentó que situaciones de ese tipo pueden evitarse con una mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión de los mandos.
La función del instituto armado en materia de seguridad pública sólo puede efectuarse a petición expresa de la autoridad civil, debidamente fundada y motivada, por lo que no corresponde al Ejército mexicano investigar delitos ni establecer estrategias para prevenirlos, precisó.
Mucho menos le corresponde el resguardo o la detención de personas ni la aplicación de sanciones, ya que su participación en dichas tareas debe llevarse a cabo únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles, añadió.
Según el ombudsman nacional, el conocimiento de esos lineamientos, por parte de la institución castrense, desde jefes, oficiales hasta el personal de tropa podría evitar muchas de las violaciones a derechos humanos.
El titular de la CNDH confió en que las recomendaciones emitidas sean aceptadas por el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, pues de lo contrario acudirá al Senado, a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal para evitar que se repitan hechos como los documentados en las ocho recomendaciones.
Reconoció que la participación militar en tareas de seguridad pública ha sido fundamental para contener el avance del crimen organizado en algunas regiones del país, pero consideró que ésta debe ser temporal, por lo que pidió al Ejecutivo federal establecer una fecha para el retiro del Ejército de esas labores.
A pregunta expresa, Soberanes Fernández sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) obstaculiza el trabajo del organismo que encabeza al negar el acceso a los expediente de algunos casos que investiga.
Lamentó el deterioro de la relación entre ambas instituciones, pues la PGR ha rechazado algunas de las recomendaciones e incluso agentes del Ministerio Público Federal han formulado demandas judiciales contra el personal de la CNDH, a fin de entorpecer su actuación.
Los documentos se refieren a sucesos ocurridos en Badiraguato, Sinaloa; Reynosa, Tamaulipas; Morelia, Huetamo, Uruapan y Tanhuato, Michoacán, así como Naco y Sonoyta, Sonora.
La intervención castrense en dichas movilizaciones provocó la muerte de siete civiles, entre ellos un menor de edad, además de que se cometieron actos de tortura, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, así como allanamientos de morada.
Asimismo, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego, además de que se atentó contra la legalidad y la seguridad jurídica de los occisos y los agraviados, informó el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.
En conferencia de prensa, comentó que situaciones de ese tipo pueden evitarse con una mejor capacitación del personal castrense y adecuado ejercicio y supervisión de los mandos.
La función del instituto armado en materia de seguridad pública sólo puede efectuarse a petición expresa de la autoridad civil, debidamente fundada y motivada, por lo que no corresponde al Ejército mexicano investigar delitos ni establecer estrategias para prevenirlos, precisó.
Mucho menos le corresponde el resguardo o la detención de personas ni la aplicación de sanciones, ya que su participación en dichas tareas debe llevarse a cabo únicamente en auxilio y de forma subordinada a las autoridades civiles, añadió.
Según el ombudsman nacional, el conocimiento de esos lineamientos, por parte de la institución castrense, desde jefes, oficiales hasta el personal de tropa podría evitar muchas de las violaciones a derechos humanos.
El titular de la CNDH confió en que las recomendaciones emitidas sean aceptadas por el titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, pues de lo contrario acudirá al Senado, a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal para evitar que se repitan hechos como los documentados en las ocho recomendaciones.
Reconoció que la participación militar en tareas de seguridad pública ha sido fundamental para contener el avance del crimen organizado en algunas regiones del país, pero consideró que ésta debe ser temporal, por lo que pidió al Ejecutivo federal establecer una fecha para el retiro del Ejército de esas labores.
A pregunta expresa, Soberanes Fernández sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) obstaculiza el trabajo del organismo que encabeza al negar el acceso a los expediente de algunos casos que investiga.
Lamentó el deterioro de la relación entre ambas instituciones, pues la PGR ha rechazado algunas de las recomendaciones e incluso agentes del Ministerio Público Federal han formulado demandas judiciales contra el personal de la CNDH, a fin de entorpecer su actuación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario